Datos para iniciar sesión
¿De qué deseas crear la cuenta?
· Crear cuenta
· Crear cuenta de empresa
· Crear cuenta de sociedad médica
· Crear cuenta
· Crear cuenta de empresa
· Crear cuenta de sociedad médica
La nueva Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios ha iniciado su andadura parlamentaria sin un rechazo frontal de los principales grupos políticos, pero con un enemigo que puede resultar más difícil de sortear que las diferencias políticas: el tiempo.
Las portavoces que participaron en la jornada organizada por Diariofarma coincidieron en la necesidad de actualizar una legislación farmacéutica que, en sus elementos esenciales, tiene ya dos décadas. Además, ni Partido Popular ni Vox anticiparon por el momento una enmienda a la totalidad. Incluso desde la oposición se mostró disposición a entrar en el proceso de enmiendas y trabajar sobre el texto. El problema está en si habrá tiempo material para hacerlo.
La proximidad del final de la legislatura, una Comisión de Sanidad cargada de proyectos legislativos y un calendario que inicialmente solo contempla seis jornadas de sesiones entre septiembre y diciembre dibujan un escenario especialmente exigente. Frente a esas dificultades, la portavoz de Sumar en la Comisión de Sanidad, Alda Recas, situó expresamente la Ley de los Medicamentos entre las prioridades de su grupo y aseguró que promoverán todas las sesiones que sean necesarias para intentar sacarla adelante.
La viabilidad de la norma tendrá, además, consecuencias que van mucho más allá de su propia aprobación. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, confirmó durante la apertura de la jornada que el Ministerio analizará durante las próximas semanas las posibilidades reales de que la ley avance y decidirá en octubre si espera a su aprobación para culminar el Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos o si acelera este último adaptándolo a la actual Ley de Garantías. Una estrategia que ratificó al cierre de la jornada el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández.
Estas cuestiones centraron buena parte de la jornada sobre la nueva Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios organizada por Diariofarma, con la colaboración de Daiichi Sankyo, Lilly, MSD y Novartis. El encuentro contó con la celebración de tres mesas de debate y dos conferencias y reunió a representantes del Ministerio de Sanidad, parlamentarios, juristas, pacientes, profesionales, industria farmacéutica y tecnología sanitaria apenas unos días después de que el proyecto iniciara formalmente su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Una de las mesas con mayor interés fue la que reunió a las portavoces de los principales grupos políticos, aunque estaban invitados el resto. En esta sesión, las posiciones de las portavoces de la oposición dejaron margen para que la tramitación pueda avanzar. Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, confirmó que para su formación es necesaria una nueva Ley de los Medicamentos ante los cambios registrados durante las últimas dos décadas, aunque reclamó modificaciones importantes en el proyecto.
La portavoz popular cuestionó la burocratización del texto, la complejidad administrativa y su falta de ambición para mejorar el acceso a la innovación terapéutica. También puso en duda hasta qué punto el diálogo desarrollado durante la elaboración del anteproyecto se ha trasladado al resultado final y recordó que las comunidades autónomas presentaron 1.233 alegaciones, de las que, según expuso, se incorporó un 46%.
Sin embargo, preguntada expresamente por la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, Velasco evitó anticipar esa decisión. "De momento es pronto", afirmó. Su intención es mantener reuniones con los agentes implicados y valorar después la capacidad de consenso. "Si es un buen texto iremos a la fase de enmiendas para intentarlo mejorar", explicó. Al finalizar la mesa reiteró que trabajarán para que la ley pueda salir "lo mejor posible", aunque insistió en que existen numerosas incógnitas políticas que exceden de la propia política sanitaria.
Tampoco María García Fuster, portavoz nacional de Sanidad de Vox, anunció una enmienda a la totalidad. Explicó que su formación necesita estudiar con mayor profundidad el proyecto con sus servicios jurídicos y completar los contactos mantenidos con asociaciones de pacientes, compañías y organizaciones profesionales antes de fijar definitivamente su posición.
García Fuster considera necesaria una nueva legislación adaptada a los avances científicos y a la digitalización, aunque manifestó profundas discrepancias con el texto presentado. Entre los aspectos sobre los que prevé centrar el trabajo de su formación situó el grado de intervención administrativa, la burocracia para las oficinas de farmacia, las competencias territoriales, la sostenibilidad, la equidad en la prestación y la ampliación de determinadas capacidades de prescripción a enfermería y fisioterapia.
Su valoración sobre las posibilidades temporales fue, no obstante, la más pesimista de la mesa. García Fuster aseguró que ve "muy difícil" que el proyecto pueda aprobarse durante esta legislatura debido al tiempo disponible, la situación política y las dificultades del Gobierno para mantener los apoyos parlamentarios.
La urgencia que el secretario de Estado de Sanidad indicó que van a pedir para la tramitación de la norma más allá de la fase de enmiendas tampoco garantiza por sí misma una solución. Velasco recordó que la Ley de Universalidad entró en el Congreso en mayo de 2024 con tramitación urgente y sigue sometida a ampliaciones del plazo de enmiendas. La urgencia puede reducir de forma sustancial el tiempo de tramitación en el Senado, de dos meses a veinte días, pero no impide que una iniciativa permanezca bloqueada durante meses en el Congreso.
Alda Recas fue una de las portavoces más explícitas al defender que la ley dispone de una oportunidad que merece ser aprovechada. La diputada de Sumar incidió en el carácter técnico de la norma y en la existencia de un terreno común que, a su juicio, puede facilitar acuerdos incluso en un momento político especialmente complejo.
"Hay leyes muy técnicas que sí pueden salir, porque hay unos mínimos comunes en los que todos estamos de acuerdo", señaló Recas, quien recordó que, pese a las diferencias que se hacen visibles en el Pleno del Congreso, el funcionamiento de la Comisión de Sanidad permite alcanzar acuerdos en numerosas cuestiones. "Luego en la Comisión de Sanidad nos sentamos y trabajamos", aseguró. Al término de la mesa fue aún más explícita: "Yo voy a darlo todo para que esta ley salga".
Esa voluntad cobra especial importancia ante las dificultades del calendario. La portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad, Elvira Velasco, recordó que este órgano dispone inicialmente de solo seis días de sesiones entre septiembre y diciembre y que la Ley de los Medicamentos coincide con otras normas de gran calado, entre ellas la Ley de Organizaciones de Pacientes y el Estatuto Marco.
Recas respondió comprometiéndose a impulsar "las que sean necesarias" y dejó claro que la Ley de los Medicamentos forma parte del reducido grupo de iniciativas sobre las que Sumar quiere concentrar el trabajo parlamentario. "Esta ley es prioridad", afirmó. También explicó que la intención es concentrar el esfuerzo en aquellas normas que tengan posibilidades reales de completar su recorrido y citó la Ley de Universalidad como ejemplo de un proyecto sobre el que no tiene sentido forzar la actividad parlamentaria si se conoce de antemano que existe una mayoría dispuesta a impedir su avance.
Ese planteamiento permite introducir un elemento relevante en las posibilidades de la Ley de los Medicamentos. Sumar no solo considera necesaria la reforma, sino que cree que el carácter técnico del proyecto y la coincidencia existente en algunos de sus objetivos básicos permiten otorgarle una prioridad que otros proyectos pendientes no tienen.
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad, María Sáinz, compartió esa confianza en la capacidad de acuerdo. Defendió que la norma debe actualizar una realidad muy diferente de la existente cuando se aprobó la actual legislación e incorporar ámbitos como las terapias avanzadas, los medicamentos biológicos y biosimilares, la digitalización, los problemas de suministro o la autonomía estratégica. A su juicio, el hecho de que se trate de una ley integral y eminentemente técnica puede facilitar el entendimiento entre los grupos, aunque durante la tramitación aparezcan discrepancias sobre artículos concretos y sobre el desarrollo posterior que requieran algunas de sus previsiones.
Sáinz situó entre los asuntos que deberán abordarse durante las enmiendas los nuevos criterios de financiación, los plazos de resolución, la revisión de precios, el sistema de precios de referencia y los precios dinámicos, así como la delimitación de las competencias profesionales en prescripción y dispensación. También destacó la necesidad de ordenar la relación entre farmacia hospitalaria y comunitaria, reforzar la respuesta ante los problemas de suministro y encontrar un equilibrio entre la cohesión de la política farmacéutica y las competencias autonómicas. Pese a la complejidad, sostuvo que los grupos se encuentran "en situación de limar las asperezas" en torno a un objetivo común y confió en que el carácter técnico de la norma permita alcanzar los acuerdos necesarios, aunque reconoció que los tiempos pueden alargarse y dependerán de los nueve grupos representados en la Comisión de Sanidad.
La coincidencia entre los portavoces no se limitó a reconocer la necesidad de actualizar la legislación. Todos situaron las próximas semanas como una nueva etapa de diálogo en la que esperan contar con la participación de los agentes afectados por la norma.
Velasco explicó que los parlamentarios ya están recibiendo numerosas solicitudes de reuniones y defendió que esta nueva fase debe servir para conocer las cuestiones que no han quedado adecuadamente incorporadas al proyecto. Su planteamiento pasa por utilizar el proceso de enmiendas para trasladar al texto las mejoras que puedan surgir de esos encuentros.
Recas lanzó también una invitación directa al sector. "Leamos juntas la norma", planteó durante la mesa, al tiempo que recordó que los agentes conocen en profundidad muchas de las cuestiones técnicas que tendrán que analizar ahora los parlamentarios. La portavoz de Sumar explicó que ya ha mantenido reuniones durante el verano y que su equipo está retomando los contactos con quienes han solicitado encuentros para preparar la tramitación.
Los principales debates ya empiezan, además, a perfilarse. Recas identificó el sistema de precios, la prescripción y utilización de genéricos y las competencias de enfermería y fisioterapia como algunos de los asuntos que previsiblemente concentrarán las enmiendas. Velasco añadió la seguridad jurídica, la participación de las comunidades autónomas, la financiación, las estructuras farmacoterapéuticas, la disposición adicional sexta y la necesidad de agilizar el acceso a la innovación terapéutica.
Sáinz situó también precios y financiación entre los puntos principales de discusión, junto al sistema de precios de referencia, los precios dinámicos, las competencias profesionales, la relación entre farmacia hospitalaria y comunitaria, los problemas de suministro y el equilibrio entre las funciones del Estado y las comunidades autónomas.
Desde el propio Ministerio se reclamó igualmente la participación del sector en esta fase. Padilla expresó su expectativa de que algunas de las organizaciones presentes en la jornada comparezcan incluso en el Congreso y trasladó a los agentes implicados su conocida apelación a que "quien pueda hacer, que haga". Para el secretario de Estado, las posibilidades de que la ley salga adelante dependerán también de que los representantes públicos perciban que quienes van a quedar sometidos a ella consideran necesaria su aprobación y que no debe dilatarse.
César Hernández cerró la jornada con un mensaje similar. Tras reconocer que la situación política "no es la más tranquila o la más conveniente", pidió que quienes consideren que el proyecto merece salir adelante "empujemos un poco para hacer posible que no lo dejemos dormir".
El calendario parlamentario tendrá además una consecuencia directa sobre otra de las principales normas pendientes de la política farmacéutica. Padilla explicó que Sanidad ya está revisando las alegaciones presentadas al Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos y utilizará septiembre para conocer la posición de los grupos sobre el proyecto de ley.
"A lo largo de octubre tomaríamos la decisión", afirmó. Si el Ministerio comprueba que la ley dispone de posibilidades reales de avanzar, esperará a su aprobación y desarrollará el real decreto sobre las nuevas habilitaciones que incorpore la futura norma. Si concluye que no existe recorrido suficiente, comenzará a acelerar el reglamento adaptándolo a la actual Ley de Garantías.
En ese segundo escenario, Padilla situó entre finales de octubre y primeros de noviembre el momento para acelerar su aprobación previa y el paso por el Consejo de Estado. La intención sería dejar margen suficiente para que pudiera aprobarse antes de que el Gobierno entrara eventualmente en funciones.
El secretario de Estado dejó también clara la jerarquía entre ambos proyectos. "La prioridad es la ley. Pero, si no hay ley, queremos que esté el real decreto", resumió. Esto significa que, si la nueva Ley de los Medicamentos consigue aprobarse pero el calendario impide culminar posteriormente el reglamento durante esta legislatura, el Ministerio está dispuesto a dejar este último preparado para que pueda aprobarse en la siguiente.
Padilla defendió además que todavía existe tiempo para completar la tramitación de la ley y explicó que el Gobierno pretende solicitar la urgencia para las fases posteriores del procedimiento. A su juicio, la reducción de los tiempos cobra especial importancia en el Senado, mientras que ahora el elemento fundamental es comprobar que los grupos están dispuestos a trabajar la norma y que no existe una mayoría partidaria de bloquearla mediante enmiendas a la totalidad.
Hernández confirmó al cierre de la jornada exactamente esa estrategia. "Vamos a ver cuáles son las posibilidades de que la ley pueda avanzar y, si puede avanzar, en ese caso levantaremos un poco el pie del Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos. Si la ley se cae o vemos que no avanza, apretaríamos con el Real Decreto de Financiación y Precio".
El director general explicó además por qué Sanidad prefiere disponer primero de la nueva ley. Según señaló, un real decreto de financiación y precio puede aprobarse con el marco legislativo actual, pero perdería algunas posibilidades que el proyecto abre y que considera especialmente relevantes.
Hernández destacó dos. La primera es superar la exigencia de igualdad de precios para todos los medicamentos dentro de un mismo principio activo, un esquema que, en su opinión, no ha permitido obtener todo el beneficio posible del sistema de precios. La segunda es otorgar un papel sustantivo al paciente y hacer que la prestación no pivote exclusivamente sobre el médico o el farmacéutico. Son, explicó, dos elementos para los que sí resulta necesaria la nueva cobertura legal. En cambio, otras medidas, como los precios dinámicos o determinados mecanismos relacionados con los tiempos de acceso, podrían desarrollarse incluso con la legislación actualmente vigente.
La intervención de Hernández terminó de dibujar así el dilema que afrontará Sanidad durante las próximas semanas. La ley ofrece herramientas que el Ministerio considera valiosas y existe una disposición inicial de los principales grupos a trabajar sobre ella. Pero su oportunidad parlamentaria tendrá que demostrarse rápidamente. Si lo hace, el real decreto esperará. Si no, Sanidad acelerará la regulación de financiación y precio con las posibilidades que permite la actual Ley de Garantías.
Fuente: Diario Farma
