El Ministerio de Sanidad ha iniciado la tramitación de una Orden Ministerial que busca establecer un mecanismo transitorio para poder aplicar un doble precio a ciertos medicamentos en las oficinas de farmacia. Una medida de Sanidad que tiene como objetivo abordar los problemas de suministro que se producen en medicamentos que tienen indicaciones financiadas con fondos públicos y otros no incluidos en la cartera o que tienen un uso amplio fuera de ficha técnica.
“En estas situaciones concretas, las distintas acciones emprendidas no terminan de dar una respuesta a la situación ya que, esencialmente, vendría motivada porque el precio de los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS es inferior al de otros medicamentos no financiados con los mismos principios activos, lo que favorece la utilización de aquellos medicamentos en indicaciones no autorizadas o no financiadas, lo que, a su vez, redunda en una mayor tensión en el suministro para la indicación o indicaciones financiadas”, explican desde Sanidad en la consulta pública.
"Esta situación viene motivada porque el precio de los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS es inferior al de otros medicamentos no financiados con los mismos principios activos"
Por ello, desde el Ministerio apuntan que, hasta que se ponga en marcha el sistema de información proveniente del sistema de verificación de medicamentos previsto en el anteproyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, “se considera que la implementación de un mecanismo efectivo de doble precio de aplicación en oficina de farmacia podría dar respuesta a los problemas de suministro mencionados”, indican.
La Orden Ministerial introducirá un sistema de precios notificados para algunos medicamentos "muy concretos" que se dispensan en las oficinas de farmacia. Un modelo que implica que las farmacéuticas deberán comunicar sus precios a la administración para su aprobación, buscando probablemente una mayor transparencia y agilidad.
Este cambio afectará a fabricantes, farmacias y, en última instancia, a los pacientes, con el objetivo de mantener la sostenibilidad del sistema y el acceso a los fármacos. Además, el sector tiene hasta el 22 de julio para presentar sus aportaciones y alegaciones a esta propuesta, un paso crucial para influir en el contenido final de la Orden.
Fuente: ConSalud.es