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El Gobierno tendrá a su disposición dentro de una semana las recomendaciones del Parlamento para redactar la ley que regula el consumo de alcohol en menores. El informe definitivo ya está redactado y solo falta que la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas lo apruebe el próximo día 24. En ese momento también se incluirán los votos particulares, que algunos grupos ya los tienen preparados.
En el documento, al que ha tenido acceso ABC, los grupos parlamentarios, tras un año de trabajo -la ponencia se constituyó el 6 de marzo de 2017-, han realizado una serie de redomendaciones y peticiones para frenar este problema. Entre las iniciativas que proponen, reclaman un endurecimiento del régimen sancionador por vender alcohol a menores y consumirlo en la calle (hacer «botellón»). Las multas se extenderán a los padres negligentes, a los que incluso se pide la aplicación de la Ley de Menor. El informe del Parlamento prevé que estas sanciones económicas se puedan condonar con actividades reeducativas junto a sus hijos. Igualmente, quieren una mayor presión fiscal para reducir el acceso de los más jóvenes a las bebibas alcohólicas.
Las medidas que prevé este informe serán tenidas en cuenta por el Ministerio de Sanidad, según han asegurado a este periódico fuentes gubernamentales, que quieren tener esta normativa legal aprobada este mismo año.
Los partidos políticos representados en el Parlamentos quieren que la futura ley no solo tenga un carácter educativo y pedagógico, sino también sancionador. Por ello, proponen un régimen punitivo y recaudatorio, que afecte a las personas jurídicas y físicas, mayores de edad y «que fomenten el consumo por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio con dichos actos». Recomiendan clausurar cualquier tipo de local o comercio que venda o suministre alcohol a menores «de manera reiterada», aumentar las sanciones a los establecimientos que vendan bebidas de graduación fuera de los horarios permitidos, y «revisar la normativa relativa al consumo en la calle, aumentando las sanciones y la imposición sustitutiva de trabajos para la comunidad».
En las sanciones económicas, se prevé la posibilidad de su cumplimiento alternativo mediante actuaciones formativas, en las que participen tanto los menores como sus tutores y representantes legales, «relacionando las mismas con mecanismos educativos, de intervención social, de implicación de la comunidad, que diferencien exhaustivamente los niveles de gravedad». Igualmente, tienen que tener en cuenta cuestiones como «reincidencia, para no limitar la actuación a la sanción, sino que sea capaz de activar un conjunto de actuaciones que eviten el empeoramiento de la situación». En el caso de los padres y madres, «para que se pueda condonar la sanción, deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas, que se les impongan como alternativa, ya que existe una fuerte evidencia científica del poder transformador de esta participación». Además, servirán para dotarles de instrumentos con los que ejercer su labor de tutela». Si hay una reincidencia grave, que demuestra la actitud negligente de los padres o madres, «con evidente riesgo para el menor, se aplicaría la normativa ya existente en el ordenamiento jurídico vigente para la protección del menor».
El Parlamento considera necesario revisar «la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas». Esta nueva fiscalidad debería estar relacionada, a su juicio, con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una, independientemente del tipo que sea. El objetivo es elevarla progresivamente «con la finalidad de que repercuta en una menor accesibilidad para los menores de edad». El texto subraya que hay que considerar la posibilidad de que «una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento adverso del mismo». Antes de tomar esta decisión, suguiere analizar la situación de los países «del entorno para valorar su efectividad, en lo que se refiere al incremento del precio de las bebidas». Finalmente, en este punto, aconseja fomentar que la venta y el consumo de bebidas no alcohólicas sean «más económicas para los consumidores, que las que contengan alcohol».
Los menores no deberían escapar a los controles de alcoholemia que se aplican ya a los conductores. Por ello, el informe quiere que se habilite «a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para hacer, en menores de edad, pruebas en aire expirado o requisar envases con supuesto contenido de bebidas alcohólicas, si hay menores consumiendo, y pruebas de confirmación a demanda».
Las máquinas expendedoras no podrán vender bebidas alcohólicas, si sale adelante esta ley. El Parlamento recomienda que se valore la posibilidad de prohibir la venta y distribución de bebidas alcohólicas «de cualquier graduación en máquinas autoexpendedoras». Asimismo, aconseja «establecer una regulación estricta sobre los lugares de instalación de las máquinas automáticas de venta de alcohol. El objetivo es impedir su uso por los menores y estudiar la posible limitación horaria de venta a mayores de 18 años. Las máquinas deberán incorporar advertencias sanitarias y de prohibición y dispensación a menores.
Las restricciones a la venta de alcohol también se podrían extender a las gasolineras, hospitales y centros educativos si el Gobierno sigue las recomendaciones de los grupos políticos. El documento elaborado prevé «la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en las gasolineras». También se quiere prohibir la exposición de este tipo de bebidas en los escaparates, y solo permitiéndolos «en tiendas especializadas, en las que tendrán prohibida la entrada a menores que no vayan acompañados por un adulto.
La regulación también debería afectar, a juicio del Parlamento, a las superficies comerciales. Sobre esta cuestión, piden «regular la exposición de bebidas alcohólicas en lineales de comercios autorizados» y que las de alta graduación estén situadas «a la espalda de la línea de cajas para que sea imposible su robo y más fácil el control de edad de los compradores».
Los «happy hour» (la venta reducida del precio de bebidas alcohólicas en un periodo de tiempo determinado) pueden tener los días contados. Las medidas propuestas por el Congreso y el Senado quieren «prohibir las ventas reducidas en horarios específicos en establecimientos de hostelería (happy hour)». Los parlamentarios entienden que esta práctica «fomenta el modelo de consumo de atracón».
Junto a este veto, el informe también recomienda prohibir la venta de este tipo de bebidas en los centros sanitarios y centros de la administración. En caso de limitarse, consideran que solo se podrían consumir en espacios habilitados para hostelería.
El Parlamento recomienda establecer una regulación de horarios de ventas de estas bebidas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta.
Fuente: ABC
