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El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley por el que se modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La reforma, impulsada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, tendrá un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros, según la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y amplía los tramos de renta respecto al modelo actual para avanzar hacia un copago más progresivo.
Según la información difundida por el Ministerio de Sanidad, el nuevo modelo incorpora nuevos tramos de aportación y topes mensuales progresivos en función de la renta «sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos». La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió tras el Consejo de Ministros que se trata de «una reforma muy importante del sistema de copago farmacéutico» y subrayó que la norma busca corregir «las desigualdades muy evidentes del sistema actual». El objetivo es adaptar el modelo vigente de copago farmacéutico a la capacidad económica real de la ciudadanía, reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente entre pacientes con rentas medias y bajas y personas polimedicadas. Es decir, busca «asegurar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos».
Sanidad enmarca la medida en un contexto de incremento del coste de vida e incertidumbre económica internacional. El Gobierno considera necesario adaptar el modelo vigente para corregir situaciones de desigualdad detectadas en pacientes con rentas bajas y medias que, pese a no estar exentos, asumían una carga económica elevada por tratamientos prolongados o de alta necesidad terapéutica.
García señaló que el Ejecutivo había observado mayores problemas de adherencia terapéutica entre personas activas con rentas bajas, ya que los pensionistas sí contaban con topes de aportación. Según explicó, el sistema vigente «penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necesitaban tratamientos crónicos o tratamientos prolongados».
La principal novedad de la norma es la ampliación de los niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, que pasan de tres a seis tramos de renta. En comparación con el modelo actual, que fija tres grandes porcentajes generales para activos (40% para rentas inferiores a 18.000 euros, 50% para rentas de entre 18.000 y 100.000 euros y 60% para rentas iguales o superiores a 100.000 euros), la reforma introduce una mayor segmentación entre las rentas bajas y medias. La ministra resumió esta parte de la reforma como una apuesta por «la equidad y la progresividad», al considerar que la nueva distribución resulta «más equitativa» que el esquema anterior.
En concreto, las personas activas con rentas inferiores a 9.000 euros mantendrán un copago del 40%, con un límite máximo mensual de 8,23 euros. Para rentas de entre 9.000 y 17.999 euros, el copago será también del 40%, con un tope de 18,52 euros al mes. En el tramo de 18.000 a 34.999 euros, la aportación será del 45%, con un máximo mensual de 61,75 euros.
Para las rentas de 35.000 a 59.999 euros, el copago será del 45%, sin tope mensual. En el caso de las rentas de 60.000 a 99.999 euros, la aportación será del 50%, también sin límite máximo mensual. Las personas con ingresos superiores a 100.000 euros tendrán un copago del 60%, igualmente sin tope mensual.
Además, se incorporan nuevos topes máximos mensuales para los colectivos con una renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites específicos. Según Sanidad, esta medida busca limitar el impacto económico en las personas con tratamientos prolongados y en pacientes polimedicados. García destacó que estos límites permitirán que, «como con los pensionistas», las personas con tratamientos prolongados o caros tengan una aportación máxima mensual.
La reforma también introduce cambios para los pensionistas. En el sistema actual, la aportación general de este colectivo es del 10%, salvo para rentas superiores a 100.000 euros, donde asciende al 60%, y los topes mensuales se sitúan en 8,23 euros para rentas inferiores a 18.000 euros, 18,52 euros para rentas de entre 18.000 y 100.000 euros y 61,75 euros para rentas superiores.
Con el nuevo modelo, los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros tendrán un copago del 10%, con un límite mensual de 8,23 euros. Quienes tengan ingresos de entre 18.000 y 59.999 euros mantendrán un copago del 10%, con un máximo de 13,37 euros al mes. Para rentas de 60.000 a 99.999 euros, el copago será del 10%, con un límite mensual de 18,52 euros. En el caso de pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, la aportación será del 60%, con un tope de 61,75 euros mensuales.
La norma incorpora un nuevo tramo intermedio para pensionistas con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales y actualiza los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Además, establece la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos, con el objetivo de evitar que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho.
El real decreto-ley mantiene, asimismo, las exenciones ya existentes para colectivos vulnerables, como personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida y personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También, incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia. García insistió en que la reforma «no supone un aumento de lo que pagan a día de hoy los ciudadanos por los medicamentos», sino que el Estado asumirá una mayor parte del coste para reducir la aportación de las rentas bajas y medias.
El Ministerio señala que diversos análisis técnicos elaborados por el Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica han puesto de manifiesto que determinados niveles de aportación pueden afectar negativamente a la adherencia terapéutica y favorecer interrupciones o reducciones de los tratamientos por motivos económicos, con impacto sobre la salud de los pacientes y sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Sanidad defiende que la reforma contribuirá a mejorar la adherencia terapéutica, prevenir complicaciones evitables y reducir la presión asistencial derivada de interrupciones de tratamientos por motivos económicos. En palabras de García, el objetivo final es hacer el sistema «más sensible a la realidad social» y «más coherente con el principio de que nadie deje de acceder a un tratamiento necesario por motivos económicos».
Fuente: El Global Farma
