AGENTES DEL SECTOR HACEN UN LLAMAMIENTO AL GOBIERNO PARA PROTEGER LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES

La Unión Europea actualizó en 2025 su Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU) con el objetivo de eliminar los microcontaminantes presentes en estos espacios, introduciendo, por primera vez, un enfoque regulatorio directo sobre dos sectores específicos, el farmacéutico y el cosmético, al considerarlos responsables mayoritarios de esos microcontaminantes. Dicha normativa, ya en vigor, exige que los sectores afectados financien al menos el 80% de los costes de inversión y mantenimiento de los nuevos tratamientos cuaternarios en las estaciones depuradoras (EDAR).

Sin embargo,  el efecto que la Directiva puede causar en el acceso de los pacientes a medicamentos esenciales y en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) está causando honda preocupación en el conjunto de la Unión Europea, sobre todo, por cómo se ha diseñado su contenido, lanzándose diversas iniciativas al respecto por parte de distintos Estados miembros.

En España se llevan emprendiendo acciones, al respecto, desde hace meses, y uno de los agentes más activos en alzar la voz y alertar del impacto que puede producir la transposición de la directiva, es la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG). Su última acción, presentada ante los medios de comunicación este viernes, ha sido la de difundir un documento de posicionamiento al que se han sumado diversas entidades, y en cuya elaboración han participado, también una serie de Sociedades científicas: la de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC), la de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), la de Farmacia Hospitalaria (SEFH), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC), y la de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Representantes de algunas de dichas entidades han comparecido ante los medios de comunicación junto con la secretaria general de AESEG, Elena Casaus, quien si bien dejó especificado y sin ambigüedad "que la industria farmacéutica genéricos está a favor de la protección del medio ambiente y de la limpieza de las aguas", sin embargo, advirtió, claramente, de las posibles consecuencias que la aplicación de la directiva puede tener para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. "Estamos hablando del acceso real a medicamentos esenciales, de sostenibilidad del sistema sanitario y de decisiones regulatorias que pueden tener efectos no deseados en la salud pública y, en particular, sobre los pacientes, además de la gran penalización que supone para el medicamento genérico".

No en vano, este sector, según cálculos de la citada entidad, asumiría hasta 208 millones de euros anuales, comprometiendo la viabilidad de medicamentos esenciales con precios regulados por debajo de 1,60 euros. Un ejemplo al que se refiere AESEG es el de la metformina, que representa el 14% de las unidades dispensadas en farmacia comunitaria. Según el modelo actual, esta asumiría el 21% del impacto económico, lo que generaría un sobrecoste del +284% y haría inviable su comercialización. El desplazamiento a otras alternativas terapéuticas elevaría el gasto anual del SNS de 9,2 millones a 231 millones de euros solo para este principio activo, según datos de los representante de genéricos.

Desde AESEG, según su secretaria general, "entendemos que hay otros sectores que también generan microcontaminantes, como las industrias farmacéutica veterinaria, y química industrial, empresas de pesticidas, etc. que pueden estar quedando fuera del sistema y, en cierto modo, excluidos del principio de 'quién contamina paga'". 

Teniendo en cuenta que cerca del  70% de los tratamientos de primera línea en Atención Primaria, que prescribe un médico de familia, son genéricos y que los más afectados serían precisamente  los más utilizados y los de menor precio, como la metformina, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Dra. Pilar Rodríguez Lero, identificó cuatro ámbitos que se verían afectados por la repercusión de este tipo de medidas.

La Dra. Rodríguez Lero se refirió, en primer lugar, a "incapacidad resolutiva, porque nos quita un arma eficiente, que ha demostrado efectividad en el tratamiento de estos pacientes". Por otra parte, prosiguió, "el hecho de la falta de reemplazo, de tener generar nuevas consultas, de explicar alternativas produce un problema adicional, difícil de controlar y que al final repercute siempre en la parte más sensible del sistema, es decir, nuestro ciudadano y su seguridad".

Un tercer punto al que hizo referencia sería "la inequidad, ya que no afectaría a todos por igual sino a los más vulnerables, a los pacientes crónicos y a aquéllos con menor accesibilidad". Finalmente, se refirió a la "sostenibilidad económica del sistema sanitario". En definitiva, "menos tiempo de consulta, menos adherencia, problemas de seguridad, problemas de inequidad y problemas de sostenibilidad", serían los principales perjuicios percibidos por la presidenta de la SEMG.

Noé Garin, representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), se mostró optimista y confiado en que "el documento de posicionamiento y el proceso de trabajo que se va a hacer, posiblemente, va a permitir que podamos mantener los objetivos de esta normativa y a la vez asegurar que los pacientes estén bien atendidos".

Asimismo, como recalcó Ana Molinero, vicepresidenta 1ª de la Sociedad Española de Farmacia Clínica Familiar y Comunitaria (SEFAC), "estamos hablando de medicamentos que son efectivos y seguros porque llevan utilizándose mucho tiempo y por eso, muchas veces, están en primera línea terapéutica en todas las guías de práctica clínica". De ahí, a su juicio, que las consecuencias que podrían derivarse si no se encauza la directiva "podrían afectar, incluso, a la adherencia al tratamiento de los pacientes, al igual que a la seguridad y la efectividad del mismo".

Decálogo para proteger al SNS

AESEG junto a las Sociedades científicas mencionadas han sintetizado sus demandas en un decálogo de consideraciones clave, haciendo un llamamiento al Gobierno y, en concreto al Ministerio para la Transición Ecológica, que es el encargado de la transposición de la directiva, para lo cual ya está preparando un borrador de ley que, en breve, podría sacar a consulta pública.

1.Todos los agentes que formamos parte del sistema sanitario debemos velar por un sistema más sostenible desde una visión One Health, integrando salud humana, animal y ambiental.

2.Los medicamentos no son bienes de consumo, sino bienes esenciales, y su valor social debe salvaguardarse de potenciales amenazas que puedan ponerlo en riesgo.

3.El acceso equitativo a la mejor opción terapéutica debe ser una prioridad de los gobiernos.

4.El reparto de la carga financiera prevista por la Directiva TARU recae de manera desproporcionada sobre la industria de los medicamentos, y más aún sobre la de los medicamentos genéricos mientras otros sectores generadores de microcontaminantes quedan al margen.

5.La Directiva prevé salvaguardas para proteger el acceso a medicamentos esenciales, que deben activarse sin demora.

6.El riesgo de problemas de suministro de medicamentos genéricos esenciales es real y creciente, especialmente en productos de muy bajo precio.

7.Contar con menos opciones genéricas en el mercado da lugar a un sistema sanitario menos sostenible, debido al incremento de los precios de los medicamentos, y a la disminución de las opciones terapéuticas disponibles para los pacientes.

8.Para los medicamentos genéricos no es posible, ni repercutir el incremento de costes en el precio final del fármaco, ni la sustitución de componentes del producto en el corto y medio plazo.

9.Los medicamentos genéricos son estratégicos para la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, garantizan la accesibilidad y estimulan la innovación en nuevos tratamientos farmacológicos.

10.Es necesario activar las salvaguardas que prevé la propia Directiva para hacer compatible la necesidad de sostenibilidad ambiental y protección de la salud global, junto con la necesidad de asegurar un acceso equitativo y sostenible a los medicamentos esenciales.

Fuente: IM Médico