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La farmacia en España atraviesa un momento de definición estratégica. El último informe de la Federación Internacional de Farmacia (FIP) detalla que el país cuenta con 80.295 farmacéuticos colegiados, lo que representa el 8,23 por ciento de los profesionales sanitarios nacionales. Esta fuerza laboral, mayoritariamente femenina (72 por ciento) , opera en un sistema sanitario universal y descentralizado, donde la farmacia comunitaria es el punto de salud más cercano al ciudadano, con una oficina por cada 2.161 habitantes.
El núcleo de las competencias actuales
Las competencias de los farmacéuticos comunitarios en España están definidas por ley y abarcan funciones que van desde la custodia y dispensación de medicamentos hasta la elaboración de fórmulas magistrales y preparados oficinales. El informe de la FIP destaca que la labor asistencial incluye obligatoriamente el consejo farmacéutico, la revisión de la medicación con seguimiento y la farmacovigilancia.
En el ámbito hospitalario, las competencias se extienden a la validación clínica de las prescripciones, la preparación de medicamentos estériles y no estériles, así como la gestión de mezclas citotóxicas y nutrición parenteral. El farmacéutico de hospital participa además de forma activa en los comités de tejidos y terapéutica, influyendo en la toma de decisiones terapéuticas multidisciplinares.
La demanda de nuevas atribuciones clínicas
Uno de los puntos centrales del análisis de la FIP es la brecha entre la formación recibida y las competencias autorizadas. El farmacéutico español recibe una formación universitaria de al menos cinco años, que incluye conocimientos profundos en farmacología y vacunas. Sin embargo, el informe señala que estos profesionales no están facultados para prescribir ni administrar vacunas en las oficinas de farmacia.
El sector reclama que se aproveche esta capacitación para descongestionar otros niveles asistenciales. En la actualidad, la colaboración en campañas de inmunización se limita a la educación sanitaria y la distribución. La experiencia de algunas regiones durante la pandemia de COVID-19, donde se realizaron pruebas de diagnóstico en farmacias, sentó un precedente que el Consejo General de Farmacéuticos desea formalizar y ampliar.
Retos en la dispensación colaborativa
El Consejo General identificó como una urgencia profesional la dispensación colaborativa; es decir que los medicamentos de uso hospitalario puedan dispensarse en la farmacia comunitaria, facilitando el acceso al paciente y aprovechando la capilaridad de la red de oficinas.
Esta reclamación se enmarca en la necesidad de una "dispensación colaborativa" entre la farmacia hospitalaria y la comunitaria. El objetivo es que el paciente crónico no tenga que desplazarse al hospital para recoger una medicación que podría ser supervisada por su farmacéutico de proximidad, siempre bajo los estándares de seguridad y seguimiento farmacoterapéutico necesarios.
Innovación en servicios rurales y salud mental
La farmacia rural demostró una capacidad competencial única mediante proyectos como las 'Escuelas de Salud Rural'. En 109 municipios de Castilla y León, los farmacéuticos lideraron la educación sanitaria para niños, adolescentes, mujeres y ancianos. El éxito de esta iniciativa impulsó su evolución hacia la salud mental, extendiendo el proyecto a 300 farmacias en todo el país bajo la denominación 'Escuelas de Salud Mental Rural'.
Estos servicios, en algunos casos remunerados como proyectos piloto, muestran un camino hacia la diversificación de las competencias del farmacéutico como educador y preventivista. Además de la dispensación, las farmacias participan en programas de cribado de cáncer de colon, recto y cérvix, así como en la detección precoz del VIH mediante test rápidos.
Lucha contra la violencia de género y vulnerabilidad
La competencia social del farmacéutico se fortaleció con programas específicos de detección de vulnerabilidades. Iniciativas como 'Mascarilla-19', 'Puntos Violeta' o 'No caminas sola' convirtieron a la farmacia en un espacio seguro para las víctimas de violencia de género. Asimismo, el sector colabora en la detección de la soledad no deseada en personas mayores y en la prevención del abuso a ancianos a través de planes como 'Madrid te acompaña'.
En el ámbito de las adicciones, las farmacias mantienen competencias delegadas en programas de mantenimiento con metadona y de intercambio de jeringuillas, servicios que son esenciales para la equidad y la salud pública en los entornos urbanos y rurales.
Barreras tecnológicas y legislativas
A pesar de los avances en digitalización, los farmacéuticos enfrentan una limitación técnica importante: la falta de acceso a la historia clínica del paciente. Aunque el sistema de receta electrónica (eReceta) permite ver el historial farmacoterapéutico y las dispensaciones previas, el Consejo General considera que el acceso a datos clínicos relevantes mejoraría significativamente la seguridad y la eficacia de la intervención farmacéutica.
En el plano legislativo, la reforma de la Ley de Garantías preocupa por la posible introducción de mecanismos de precios seleccionados. El sector argumentó ante la FIP que estas medidas podrían provocar desabastecimientos y comprometer la viabilidad de las farmacias, reduciendo su capacidad para prestar servicios asistenciales de calidad. Además, el Consejo alertó sobre la "intrusión profesional" de otros colectivos, como los veterinarios, que solicitan competencias de dispensación que, según los farmacéuticos, deben permanecer separadas de la prescripción para evitar conflictos de interés.
Hacia un modelo de desarrollo continuo
El informe de la FIP revela que el sistema de desarrollo profesional en España difiere de otros modelos europeos. Actualmente, la renovación de la licencia no es obligatoria ni está sujeta a la obtención de créditos de formación continua (CPD). Sin embargo, la profesión se fijó como objetivo prioritario establecer sistemas de recertificación y fortalecer el desarrollo profesional continuo para garantizar que las nuevas competencias asistenciales se ejerzan con los máximos estándares de calidad.
En conclusión, la farmacia española se presenta ante la comunidad internacional como una red de expertos en salud pública y medicamentos que reclama un marco legal más ambicioso. La integración plena en los procesos asistenciales, el acceso a la información clínica y la expansión de competencias en vacunación y dispensación de fármacos complejos son los pilares sobre los que se construye el futuro del sector.
Fuente: Diario Farma
