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En las últimas dos décadas, la colaboración con entidades privadas ha pasado de ser un recurso excepcional para convertirse en una práctica estructural, desviando una parte creciente del presupuesto público a empresas privadas. Esta es la conclusión del Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS), publicado por el Ministerio de Sanidad. Este documento realiza un análisis integral de la evolución de la participación privada en la prestación de servicios sanitarios públicos.
El informe subraya que este modelo de colaboración no ha demostrado mejoras significativas en eficiencia ni en resultados de salud y advierte sobre los riesgos que supone una transferencia progresiva de gasto público hacia la gestión privada en términos de planificación y control del sistema. Los datos muestran que el número de hospitales privados integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha crecido un 36,8%, pasando de 106 en 2011 a 145 en 2023. Considerados de dependencia funcional privada, estos centros suponen el 30,7% del total de hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, el informe destaca que, en 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias, el 17,6% de las altas registradas en centros de gestión privada no pertenecientes al SNS y alrededor del 21% de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria y de las sesiones de hospitalización de día realizadas en estos centros fueron financiadas con fondos públicos. Mientras, la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7% en 2011 al 17,8% en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%. En este panorama destacan Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, donde la red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial.
En 2023, en los hospitales del Sistema Nacional de Salud se realizaron los diagnósticos más frecuentes (entre el 70% y el 80% de los contactos), como los traumatismos, las infecciones agudas del tracto respiratorio superior o el seguimiento de quimioterapia o inmunoterapia; y se asumieron los procesos asistenciales más costosos, como trasplantes, neonatos con bajo peso al nacer o procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea, llegando a alcanzar una cobertura superior al 95%.
El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años. En 2024, el 32,6% de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2% en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. La pandemia del covid-19 fue un punto de inflexión que incrementó la contratación de pólizas privadas como respuesta a la percepción de saturación del sistema público, el incremento de los tiempos de espera y la búsqueda de una atención más rápida y accesible, especialmente en consultas diagnósticas y especializadas. Este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4%), Ceuta (270,8%), Cantabria (247,8%) y la Comunidad Valenciana (234,8%).
A pesar de este incremento en el aseguramiento privado, los resultados muestran una proporción mayor de personas que prefieren acudir a los servicios sanitarios públicos, especialmente en aquellos ámbitos relacionados con la atención primaria (69,9%) o con una mayor complejidad o gravedad, como la atención urgente (72,6%) y los ingresos hospitalarios (76,1%). Estos datos se corresponden con un mayor porcentaje de personas que acudieron a centros sanitarios públicos frente a privados en el último año en el ámbito de la atención primaria (91,5% frente a 32,0%), los ingresos hospitalarios (75,9% frente a 28,6%) y la atención urgente (86,4% frente a 26,0%).
Este modelo mixto trae consigo una serie de riesgos, como fragmentación de la red asistencial; brechas salariales y de condiciones laborales del personal; pérdida de capacidad pública de planificación; riesgos de sobrecoste y escasa trazabilidad en facturación; y atención selectiva por parte del sector privado, que concentra los casos menos complejos.
El documento recomienda reforzar los mecanismos de auditoría y control de la actividad privada financiada con recursos públicos; exigir a los centros concertados la publicación sistemática de indicadores clínicos; y promover la gestión pública directa como la opción preferente de prestación de servicios sanitarios para unos mejores resultados en salud y un control óptimo de los recursos públicos.
En este contexto y durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Mónica García, ministra de Sanidad, ha señalado que el Gobierno tiene la intención de derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública. Todo ello la aplicación de una Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, que tiene el objetivo de “blindar la sanidad pública”.
Fuente: iSanidad
