Los nuevos jubilados tendrán que hacer frente durante los próximos 20 años a una pérdida de poder adquisitivo del 30%. O dicho de otra manera: las personas que hoy, con 65 años, terminen su vida laboral, perderán casi un tercio de su capacidad económica hasta el momento de su muerte.

Así lo puso ayer de manifiesto la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en su estudio sobre la salud financiera del sistema de pensiones explica que "con las previsiones existentes sobre las variables relevantes, el escenario base implica durante muchos años valores negativos del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) (...) En particular, las pensiones se revalorizarían cada año en un 0,25% mientras que la inflación rondaría el 2% durante el grueso del periodo". En este contexto, prosigue el documento de Fedea, "la previsión es que las pensiones, una vez concedidas, vayan perdiendo poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista". Y como consecuencia de todo ello, la hipótesis base de los responsables del estudio es que la pérdida de poder adquisitivo "rondaría el 30% durante los 20 años que, en promedio, tiene de esperanza de vida un recién jubilado".

Este escenario, por lo tanto, será el que los jubilados deberán enfrentar si únicamente se aplica la subida mínima que marca la ley -el citado 0,25%- y, por lo tanto, las pensiones se mantienen congeladas. Para evitarlo, Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los tres firmantes del documento, puso de manifiesto la necesidad de que la clase política tome algún tipo de decisión en este ámbito y, de hecho, aseguró que no llevar a cabo ninguna revalorización podría tener un importante coste político.

Blindar la pensión mínima

Pero, en todo caso, e incluso si se limita esa pérdida del 30%, lo que sí será inevitable es que las pensiones cedan poder adquisitivo. "Nadie nos va a librar de que la pensión baje en relación con los salarios", apuntó De la Fuente, razón por la que también pidió protección para las pensiones más bajas. En concreto, en el documento se apunta que es necesario "blindar la pensión mínima, ligándola a la tasa de inflación" para evitar que se generen "problemas de suficiencia para los jubilados con menores ingresos".

Esta medida, según los cálculos de Fedea, "tendría un coste medio anual durante los próximos 40 años de algo más de cuatro décimas de PIB que habría que financiar con impuestos adicionales", mientras que "el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno a un 6%, lo que podría ser un coste aceptable". Para el conjunto de las pensiones, en cambio, "no sería aconsejable extender la indexación al IPC" ya que el gasto registraría un incremento medio del 2,7% del PIB durante las próximas cuatro décadas, y exigiría "una subida del 36% en la recaudación del IRPF".

En cuanto a la edad de jubilación, Fedea coincide con Banco de España, que la semana pasada valoró de manera positiva que los trabajadores alarguen su vida laboral más allá de los 67 años. Junto a esta medida, que elevaría los ingresos del sistema, la Fundación considera que también se debería estudiar la posibilidad de establecer "un pequeño incremento en los tipos de cotización o en sus topes máximos".

Fuente: El Mundo