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El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios en los principales hospitales públicos de Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja. La fiscalización abarca el ejercicio 2022 y se ha centrado en analizar si los gastos derivados de la adquisición de medicamentos se han realizado conforme a la normativa de contratación pública y si la gestión de las prestaciones farmacéuticas fue adecuada.
La fiscalización revela importantes deficiencias en la planificación y contratación del gasto en medicamentos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), el Complejo Universitario de Badajoz (Extremadura), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (La Rioja). El informe constata que en los cuatro centros se realizaron adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos “al margen de la normativa de contratación pública, infringiéndose los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”.
Especialmente significativo es el caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, “donde el 99 % del gasto farmacéutico (más de 101 millones de euros) se efectuó al margen de los procedimientos previstos en la LCSP”. En los hospitales de Murcia, La Rioja y Extremadura "se recurrió mayoritariamente a contratos menores que, en muchos casos, superaron los umbrales legales al acumularse con un mismo proveedor y para un mismo objeto".
Asimismo, el informe señala deficiencias en la gestión y control del gasto farmacéutico hospitalario. Se ha detectado la falta de protocolos normalizados de prescripción y dispensación, carencias en los sistemas informáticos de gestión y "diferencias de hasta un 97 % en el precio pagado por un mismo medicamento en los hospitales analizados".". Estas disfunciones suponen una ineficiente gestión de los recursos públicos y afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario.
El Tribunal de Cuentas insta a los servicios centrales de los respectivos servicios autonómicos de salud y a las gerencias hospitalarias “a adoptar medidas para evitar que se efectúen compras al margen de la normativa, corregir las deficiencias en los sistemas de información y promover modelos más eficientes y sostenibles, como la adquisición de medicamentos en formato unidosis”.
Fuente: Diario Farma
