El Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes de forma definitiva la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), tras un largo proceso legislativo marcado por desacuerdos iniciales y posteriores negociaciones en el Senado. Lo ha hecho en el segundo intento después de que, tras un pleno muy bronco, PP, Junts Per Cat y Vox se decantaran por el ‘no’ pese a que el Gobierno había atado previamente los apoyos necesarios en la Comisión de Sanidad.
Una vez superadas dichas turbulencias, y ya en la segunda tentativa, la Cámara Baja ha dado luz verde a las últimas enmiendas incorporadas al texto en el Senado y la norma se encamina al BOE antes del receso estival. En este sentido, la abstención del PSOE a las enmiendas del PP ha sido clave para la luz verde definitiva.
El resultado de la votación final es que al texto se incorporan definitivamente tres enmiendas del PP, gracias a la abstención del PSOE. La primera es la conocida como cláusula ‘anti Simón’ que modifica el procedimiento de nombramiento del director de la AESAP, introduciendo una evaluación previa del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La segunda es la correspondiente a la regulación de la colaboración del sector farmacéutico con la AESAP en la planificación, almacenamiento y distribución estratégica de medicamentos durante emergencias sanitarias. La tercera es la enmienda 9, donde se incluye una propuesta para incentivar la innovación incremental en medicamentos mediante excepciones al sistema de precios de referencia, que permitiría valorar mejoras clínicas o estratégicas para el Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, han quedado rechazadas las enmiendas 6 y 10, correspondientes a la supresión de disposiciones sobre medicamentos veterinarios, por lo que se mantendrán en el articulado.
Durante el debate del Pleno, Alda Recas, de Sumar, ha lamentado precisamente ese giro del PP en el último momento, tras haber apoyado la ley en comisión. Ha reivindicado unas negociaciones «transparentes, conciliadoras, profesionales» y ha agradecido el trabajo del Ministerio de Sanidad. Ha acusado a Vox de negar la evidencia científica y el enfoque ‘One Health’, y al PP de estar más preocupado por cálculos partidistas que por proteger la salud pública. Ha reclamado una sanidad que no dependa del código postal, recordando que en Madrid «hubo un 40% más de mortalidad en residencias durante la pandemia».
La portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Elvira Velasco, ha manifestado por su parte que «no basta con crear un organismo más, es esencial establecer una misión clara con objetivos, competencias y mecanismos de rendición de cuentas». Después, ha criticado duramente a la ministra de Sanidad por «presentar una ley sin memoria económica dinero que si hay para amañar contratos como estamos viendo día tras días con las tramas del gobierno y de cargos del PSOE en activo». Además, Velasco ha recalcado, como hizo en la última Comisión del Congreso, su postura en contra de Fernando Simón: «Mal vamos, señorías, si antes de que nazca esta agencia ya conocemos al que se postula como director. Aún nos viene a la memoria el agradecimiento a Fernando Simón sí, de la ministra de Sanidad desde esta misma tribuna en el debate de la ley con ovación y aplausos de los diputados del Grupo Socialista y de SUMAR en pie. Un auténtico acto de provocación y falta de respeto a todos los españoles». También, ha advertido que si no se asegura la independencia técnica, «se convertirá en un chiringuito más del Gobierno, otro sitio para colocar a sus amigos».
Velasco también ha cuestionado la falta de ambición del Ejecutivo en reforzar el sistema sanitario: «Han aumentado solo en 36 las plazas (atención primaria) muy alejada de las 1000 que necesitamos sobre las que le hemos pedido en esta cámara, y en salud mental piensan que con cinco psiquiatras o seis psicólogos se va a resolver la sanidad, aunque invirtiendo 0,8 euros por español no podíamos esperar otra cosa». También ha denunciado que se ha ignorado a las comunidades autónomas en reformas como el Estatuto Marco o la ley del medicamento. Ha acusado al Ejecutivo de generar conflicto entre los profesionales sanitarios, de no dotar la ley de financiación real y de mantenerse en el poder «comprando votos, pactando una financiación singular para Cataluña que rompe la igualdad y pone en peligro los servicios públicos de todo el país».
Desde el PSOE, Carmen Martínez ha defendido la ley como una herramienta necesaria que ya se preveía en la Ley General de Salud Pública de 2011. Según ha dicho, durante la pandemia se echó en falta un organismo como este. Ha señalado que la tramitación ha sido consensuada y que se han incorporado modificaciones «aclarando las funciones de la agencia» y «asegurando la colaboración y el respeto con los organismos de los que disponen las comunidades autónomas en el intercambio de datos».
Martínez ha respondido a las críticas del PP destacando que «desde el inicio se incluyó una disposición final que regula el estatuto de la Agencia» y que en ella se concreta la incorporación de representantes autonómicos al Consejo Rector. Ha añadido que «faltaría más» que el director de la agencia no fuera nombrado por mérito y capacidad, y ha reprochado al PP su incoherencia por haber apoyado la iniciativa en la Comisión de Reconstrucción y después votado en contra «dejando al margen el interés general de la población».
Además, la diputada socialista ha denunciado que durante la anterior crisis económica, bajo gobiernos del PP, «los funcionarios perdían el sueldo, las familias perdían sus casas y nuestros mayores tenían que elegir entre comer y pagar las recetas médicas». También ha acusado a los populares de impulsar una trama institucional desde el Ministerio de Hacienda que permitió a «miembros del Gobierno de M. Rajoy» lucrarse a costa de las arcas públicas. «Eso es corrupción con IVA, corrupción con factura», ha afirmado.
Desde Vox, Rocío de Meer ha justificado el rechazo frontal de su grupo a la agencia. Ha señalado que su creación responde a la necesidad de coordinar unos «17 microsistemas sanitarios» que acusa de crear al Gobierno, mientras «reconocen como un fracaso». Ha acusado al PP de ser responsable de esa fragmentación por haber transferido las competencias en 2002 y ha asegurado que la agencia solo servirá para colocar cargos políticos. La diputada de Vox ha denunciado que el Gobierno robó «a manos llenas» durante la pandemia, mientras la población enfermaba y moría.
Etna Estrems (ERC) ha centrado su intervención en la defensa de una enmienda relativa al acceso a medicamentos veterinarios. Ha criticado al PP por apoyar en público al colectivo veterinario y luego tumbar una mejora que buscaba resolver parcialmente los problemas derivados del Real Decreto 666. Ha acusado tanto al PP como al PSOE de no revertir el IVA veterinario y ha defendido que «esta enmienda lo único que dice es eso, que garantizamos el acceso a los tratamientos de los animales de compañía de nuestras familias».
Por parte de UPN, Alberto Catalán ha reconocido la necesidad de la agencia, aunque ha lamentado su llegada tardía. Ha subrayado que ya se preveía en la ley de 2011 y ha pedido más compromiso presupuestario. Ha recordado que España es un país descentralizado y ha insistido en que debe haber «contacto fluido entre las instituciones» y respeto a las competencias de comunidades como Navarra. «Lo importante es tener una visión de país y trabajar con lealtad institucional», ha concluido.
La nueva agencia nace con el objetivo de mejorar la capacidad de preparación y respuesta ante futuras crisis sanitarias, una lección clave extraída de la pandemia de la COVID-19. Su aprobación definitiva marca un hito en la consolidación del sistema sanitario español, dotándolo de una herramienta técnica y estable para hacer frente a futuras emergencias sanitarias. Con su puesta en marcha, el Estado refuerza su capacidad de vigilancia, coordinación y respuesta ante amenazas para la salud pública, avanzando hacia un modelo más equitativo, resiliente y basado en la evidencia científica.
Fuente: Gaceta Médica